#Nacional Luego de 3 días de diálogo con representantes de la Coordinadora Nacional Minera, el gobierno Nacional logró un acuerdo para levantar el Paro Minero iniciado desde el pasado lunes, 21 de octubre. Los diálogos, liderados por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, la viceministra de Minas, Johana Rocha, y el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, contaron con la participación de alcaldes, representantes del Gobierno nacional, entes de control y representantes de las comunidades mineras.
Las mesas de diálogo llegaron a un acuerdo en los 13 puntos, entre los cuales están:
1. Implementar, una estrategia para diferenciar la minería con vocación de formalización y regularización, de la extracción ilícita de minerales.
2. Adoptar y acelerar la implementación de medidas con enfoque diferencial para promover la formalización de la pequeña minería y la regularización de la mediana minería.
4. Concertar un protocolo para la garantía de derechos humanos en el marco del Decreto 1035 de 2024, cuya metodología y cronograma serán discutidos con el Ministerio de Defensa en una reunión que se llevará a cabo a más tardar el 5 de noviembre de 2024.
5. Implementar en el marco de los procesos de formalización y regularización minera, de la pequeña y la mediana minería,
6. En el marco del Distrito Agro minero y Pesquero de la Subregión del Bajo Cauca antioqueño, se garantizarán los espacios de participación para que las organizaciones sociales de base sean miembros de la Mesa Interinstitucional con garantías y capacidad de decisión.
Asimismo, Priorizar a los municipios de Valdivia, en el departamento de Antioquia, y de Ayapel, Buenavista, Tierralta, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Puerto Libertador y San José de Uré, en el departamento de Córdoba, para dar aplicación al parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 40436 de 2024, con el propósito de definir la expansión del Distrito Agro minero y Pesquero de la Subregión del Bajo Cauca antioqueño.
Este acuerdo es producto de la voluntad de diálogo de las partes para avanzar hacia una minería que proteja a las comunidades y los territorios, y garantice una efectiva participación y planeación socio ambiental en las zonas con aptitud para la minería.
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