#Nacional | En una dura misiva la Procuraduría le pide al ministro de Defensa, Iván Velásquez, al comandante de la Policía y al comandante general de las Fuerzas Armadas, que expliquen cuáles son las acciones ante el asedio que ha vivido la empresa SuperGiros.
Como se sabe, el Clan del Golfo emprendió un plan contra las colocadoras independientes, mujeres cabeza de hogar que trabajan en la empresa. “Más de 20 colocadoras independientes han sido afectadas. Son mujeres, cabezas de familia, que a través de la plataforma de SuperGiros hacen recargas, hacen giros, postales de dinero, pagan subsidios, pagan nóminas, hacen recaudo, entre otros”, explicó el abogado de la compañía, Jhonny Batalla Herrera.
En la misiva, firmada por el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, la Procuraduría expresa su preocupación por el avance del accionar delictivo de este grupo criminal. “Según la información que ha conocido este ente de control, este grupo criminal, a través de actos violentos, intimidación y amenazas ha forzado a los trabajadores de esta empresa a cesar actividades, generando no solo un daño económico y operacional al grupo organizado, sino a las comunidades que hacen uso de los diferentes servicios que ofrece esta compañía. Estos actos se suman al homicidio de una funcionaria de SuperGiros el pasado 4 de noviembre de 2024 en Bosconia , Cesar”, señala el documento.
Así las cosas, la Procuraduría le pide al ministro que explique cuál es la estrategia del Ministerio de Defensa Nacional para hacer frente a este fenómeno que se presenta en la Costa Caribe de nuestro país.
De igual manera que indique las acciones que desarrollará este Ministerio para garantizar el derecho a realizar una actividad económica lícita, al trabajo y en general a la seguridad, de los empleados de SuperGiros.
Y por último que informe las gestiones de articulación que ha desplegado el Ministerio de Defensa Nacional para generar una acción conjunta en contra de estos fenómenos de amenaza y constreñimiento en la región Caribe.
El ministro deberá entregar esas respuestas a un correo electrónico en el marco de cinco días.
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