El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció medidas para deportar presos extranjeros, con énfasis en individuos de nacionalidad colombiana, en una estrategia orientada a mitigar la superpoblación penitenciaria ante la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Este plan de deportaciones emerge como respuesta a los recientes desafíos de seguridad interna en Ecuador, donde el aumento de la población carcelaria ha sido identificado como un factor crítico. El gobierno ha subrayado la necesidad de disminuir el número de internos, particularmente aquellos de origen extranjero, para mejorar las condiciones en los centros de detención y, a su vez, la seguridad nacional.
Las autoridades ecuatorianas han señalado que la priorización de deportación de los presos colombianos responde a estadísticas que indican una presencia significativa de estos en las prisiones de Ecuador.
En entrevista con Radio Candela en Ecuador, el presidente Noboa dijo: “Colombia dijo que nos querían ayudar… Yo les dije: ‘Perfecto, ya les mandamos 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y, de acuerdo a la ley ecuatoriana, nosotros los podemos sacar. Podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera, y muchas gracias, quédense por allá”.
La crisis carcelaria en Ecuador ha estado marcada por recurrentes actos de violencia y motines en los últimos tiempos, situaciones que han evidenciado la necesidad de reformas estructurales y de manejo de la población penal. Con la iniciativa de deportaciones, el Estado ecuatoriano busca ejercer un mayor control sobre las condiciones penitenciarias y fortalecer su capacidad para enfrentar y prevenir futuros incidentes.
Este anuncio de Daniel Noboa ha generado diversos comentarios por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos civiles. Estos sectores están atentos a las garantías de un debido proceso y a la conformidad de las deportaciones con los estándares internacionales de derechos humanos.