En la noche de este lunes 26 de junio Ante el despacho de los 9 magistrados de la Corte Constitucional se entregó la ponencia para el estudio de la denominada ley de paz total, con la que el Gobierno de Gustavo Petro sentó las bases jurídicas de una de sus principales apuestas. Pero, de acuerdo con fuentes del alto tribunal, el documento es diametralmente opuesto a los intereses del Ejecutivo y lo que pide es que se tumbe.
Asimismo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aseguró en su análisis jurídico que esa norma tuvo vicios de trámite, entre ellos el de no haber contado con el concepto previo que se le debe pedir al Consejo de Política Criminal.
Cabe destacar, que, La norma que con esta ponencia quedó tambaleando es la 2272 de 2022, con la cual Petro al comienzo de su administración y cuando aún contaba con el respaldo de una coalición política, le hizo una cirugía a la ley de orden público para facilitar escenarios de diálogo con grupos ilegales como el Clan del Golfo o las narcobandas que operan en el Valle de Aburrá y con las cuales ya hay una mesa en proceso.
El análisis de esta norma de Petro, que ha defendido en diversos escenarios nacionales e internacionales, se originó en una demanda de constitucionalidad que interpuso Javier Pava Quiceno, quien alegó que varios de los puntos que se ponen de relevo en esa cirugía a la ley de orden público atentan contra la Carta Política de 1991.
Sobre esta norma, incluso, el mismo Ibáñez les había solicitado a sus colegas de sala que se le permitiera la suspensión de vigencia de varios apartados, pero la petición le fue negada. Eso sí, se sentó el precedente jurídico de que la Corte sí podría suspender la entrada en vigencia de una norma mientras la estudiaba en su seno.
Finalmente, dentro de este expediente ya existía un concepto de la Procuraduría que, precisamente, le pedía a la Corte tumbar una norma con la que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha buscado espacios de acercamiento con bandas como La Oficina y Los Pachelly.