La Fiscalía, a través de Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y CTI, ocupó 36 bienes que pertenecerían a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción en el que se desviaron dineros para la atención de la primera infancia en Córdoba.
Las propiedades aparecen a nombre de Mariela del Carmen Peña, Jorge Luis Peña, Carlos Fernán Lázaro y Cindy Isabel Bermúdez, quienes estuvieron vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el ICBF para asistir a niños y niñas menores de cinco años.
Se trata de 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos ubicados en Montería y Cereté, Córdoba. El avalúo preliminar de estos activos supera los 5.400 millones de pesos.