La actual situación que afronta Colombia por el delito de extorsión afecta de manera considerable la seguridad ciudadana, razón por la que la Defensoría del Pueblo llama a la institucionalidad gubernamental a trabajar en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar el delito.
Mientras que, en 2020 fueron reportados 8188 casos, en el año que acaba de terminar el registro de denuncias por el delito ascendió a 9871 de acuerdo con el portal de estadística delictiva de la Policía Nacional.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo solicita al Gobierno Nacional un mayor esfuerzo presupuestal para modernizar el sistema penitenciario con tecnología 4G o 5G y así sean más eficientes los inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles colombianas, especialmente porque los internos llevan a cabo esta conducta criminal mediante la modalidad de llamadas telefónicas.
Para la entidad nacional que propende por la protección de los derechos humanos; combatir la extorsión requiere una actuación conjunta entre los entes competentes, particularmente entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Inpec, únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos, solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.
Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Además, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha ocurrido en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarías de Palogordo y Modelo, en Santander, y también en otros centros carcelarios del país.
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