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Detalles de la investigación por la que fue capturado el Senador Richard Aguilar

El congresista de Cambio Radical tiene investigaciones por presunta corrupción en contratos que firmó cuando fue gobernador del departamento de Santander.


Richard Alfonso Aguilar Villa pasó la noche en el búnker de la Fiscalía General de la Nación luego de ser detenido por agentes del CTI, en cumplimiento de una medida de aseguramiento que dictó en su contra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una investigación que se sigue por irregularidades en contratos que suscribió entre 2012 y 2015.


Richard Aguilar es hermano del actual gobernador de Santander, hijos de Hugo Aguilar, el policía que ultimó al capo Pablo Escobar, creó el Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) y condenado por vínculos con paramilitares en 2011. Para ese año ya había hecho de su apellido un fortín político, de los más poderosos de la región, y al estar inhabilitado para su anhelada reelección, le entregó a su hijo las banderas de la campaña para la Gobernación de Santander y resultó elegido.


Sin embargo, no son los líos familiares los que tiene a Richard Aguilar en detención, sino las propias actuaciones contractuales que ejecutó cuando ocupó el cargo, de los cuales es señalado de presunta corrupción, entregar licitaciones a dedo y exigir coimas a cambio de favorecer con las obras del departamento.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2012 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a “hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado - para sí y para otros- de dineros públicos”.


El primer contrato que abrió la investigación fue el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica Alfonso López de Bucaramanga, que desde que Aguilar dejó la Gobernación, un año después de firmarlo, se empezó a cuestionar las irregularidades. Un contrato que se firmó el 26 de febrero de 2015 y que terminó costando un 40% más del valor inicial, parte de los dineros, cerca de 2.900 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados a coimas que recibieron la secretaria de infraestructura, su esposo y un interventor.


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