El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le pidió a la Corte Constitucional que declare un 'estado de cosas inconstitucional', es decir, la existencia de una gravísima crisis por la vulneración masiva y estructural de derechos, relacionado con la actual situación que atraviesa el sistema de salud.
Camargo asegura que tras la emisión de la sentencia T-760 de 2008, que declaró a la salud como un derecho fundamental autónomo, no se han cumplido las órdenes para que dicho derecho sea protegido cabalmente.
La Defensoría lleva 16 años haciéndole seguimiento a las órdenes que se impartieron en dicha sentencia. “La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993.
Afirmó el Defensor que, El subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a medicamentos y tecnologías”.
El defensor asegura que la crisis se ha agudizado con la problemática de las siete intervenciones que se han ordenado, en el último año y medio, a igual número de Entidades Promotoras de Salud -EPS- que congregan a 22 millones de usuarios, entre las que se encuentran Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Savia Salud entre otras.
Camargo también se refirió a la solicitud de retiro voluntario del sistema que elevaron las EPS Compensar y Sura. Y habla del riesgo al que se ha expuesto a los afiliados del magisterio con el nuevo modelo de salud que se ha implementado "sin que se haya establecido un régimen de transición adecuado que garantice la protección del derecho humano a la salud de cerca de 819.000 afiliados".