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Defensor del Pueblo se reunió con alcaldes del país para revisar situación de seguridad y derechos


El Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis, Durante el encuentro que sostuvo con alcaldes y directivos de la Federación Nacional de Departamentos este 27 de julio señaló que, “Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso aprovecho esta reunión para revisar la situación de derechos humanos en el país y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”.


El Defensor del Pueblo apoyó su labor y les dijo que, pese a las dificultades que se presentan, de manera particular en algunas zonas donde el conflicto armado ha tendido a agudizarse, no se puede desestimar ninguna amenaza de la que sean objeto como burgomaestres, ni intimidación alguna contra los gobernadores.


Además, se refirió a las advertencias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones de octubre próximo: “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado.

Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.


Asimismo, durante la reunión, dio a conocer que son 75 los municipios en riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes, entre ellos: los de Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo) se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos. O los de Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo), que están trabajando bajo amenazas.


Por esta razón, recalcó la importancia de continuar con la dinámica de vigilancia, en articulación con los burgomaestres, a la crítica situación de vulneración a los derechos humanos por el accionar de los actores armados ilegales en todo el territorio nacional.


“Las crueles acciones de estos grupos nos afecta a todos, pero, sobre todo, a las comunidades. A la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos, hay que ponerles freno”, afirmó el Defensor del Pueblo.


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