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Defensoría del Pueblo pide respetar derechos a 10 mil docentes afro



La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación Debido a que el Estatuto de Profesionalización Docente no aplica para los más de 10.000 docentes y directivos docentes que prestan sus servicios a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en instituciones educativas públicas del país, lo cual vulnera sus Derechos fundamentales.


La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno Nacional para que garantice los derechos de estos formadores de país, y presente al Congreso de la República, en el segundo semestre de la actual legislatura, que inicia a mediados de febrero próximo, el proyecto de ley sobre el Estatuto Especial de Profesionalización para Docentes y Directivos Docentes Etnoeducadores”.


Asegura el Defensor del Pueblo que, Los ministerios del Interior y Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública deben darle estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, “Máxime que, mediante Sentencia C-666 de 2016, el alto tribunal dejó claro que el Estatuto de Profesionalización Docente «no es aplicable a los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y a aquellas ubicados en sus territorios»”.


La entidad defensora de derechos humanos convocó a finales del 2023 una mesa de trabajo para tratar el tema. El encuentro sirvió para socializar todo lo relacionado con la consulta previa y protocolización del Estatuto Especial de Profesionalización para Docentes y Directivos Docentes Etnoeducadores, sin embargo, no fue posible armonizar los conceptos expedidos por los ministerios de Hacienda y del Interior, requisito necesario para proceder a la radicación del proyecto de ley que ordena la Corte, por la falta de diálogo con los representantes de esas carteras, ya que no asistieron.


El Defensor del Pueblo exhorta también al Congreso de la República a expedir un ordenamiento jurídico con fuerza de ley, en el cual se regulen las relaciones entre el Estado y los docentes que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y en sus territorios, como lo dictan las sentencias SU 011 de 2018 y T531 de 2020.


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