Casi que paralelamente al anuncio del Comité Olímpico Colombiano de que Barranquilla no será, definitivamente, sede de los Juegos Panamericanos en 2027, la Contraloría General de la Nación designó a un grupo de peritos para que entre a determinar qué pasará con el giro de anticipo de los 2 millones 250 mil dólares, que estaría a punto de perderse por el incumplimiento con Panam Sports.
La investigación fue ordenada por el vicecontralor con funciones de contralor general Carlos Mario Zuluaga, luego de que se confirmara que Panam Sports anunciara a Lima (Perú) y Asunción (Paraguay) como las dos ciudades candidatas para albergar los Juegos Panamericanos 2027, lo que técnicamente dejó por fuera a Barranquilla.
Tras descartar a Colombia de toda posibilidad de ser sede del certamen deportivo, la Contraloría activó la indagación que estará a cargo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el grupo especializado del organismo de control.
En enero, cuando estalló la polémica, la Contraloría informó que se encontraba analizando si había riesgo de pérdida de recursos públicos, pero ante las recientes decisiones entró a realizar la investigación formal.
La Alcaldía de Barranquilla ya había girado los 2 millones 250 mil dólares y la cláusula 76 del contrato establecía que "si la rescisión del contrato se produjera por motivos no atribuibles a Panam Sports, cualquier recurso pagado pasa al patrimonio de Panam Sports”.
Barranquilla ya había comenzado la construcción de escenarios deportivos que iban a usarse en las competencias, situación que también podría configurarse una eventual pérdida del patrimonio de la Nación.